En muchas
zonas del país, los policías municipales se han convertido
en el principal apoyo de los cárteles de las drogas, a
quienes les brindan protección institucional, les sirven de
operadores de campos para extorsiones y les proveen
seguridad e información sobre las fuerzas federales que los
buscan y de los operativos que realizan. Hay casos donde
toda la estructura ha estado al servicio de las bandas de
narcotraficantes, realizando las acciones de desafío más
grande al Estado, como asesinar a generales comisionados
para encabezar tareas de seguridad pública.
En muchas
zonas del país, los policías municipales se han convertido
en la infantería de las organizaciones de delincuencia
organizada. Realizan o coordinan secuestros de adversarios
para torturarlos y en ocasiones son ellos mismos quienes los
matan. Sin su participación cotidiana el trabajo de los
cárteles de la droga sería más costoso y más difícil, y sus
utilidades y posibilidades para mantener la logística, el
reclutamiento y la adquisición de armas cada vez más
poderosas, serían más estrechas.
Este
fenómeno es el factor más importante en el diagnóstico de la
espiral de violencia de los últimos años y, al mismo tiempo,
donde más han chocado las instituciones. Hace más de dos
años, decenas de presidentes municipales le pidieron al
secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna,
su apoyo en el combate a la delincuencia. Pero cuando les
propuso que él les enviaba a jefes de policía, entrenados y
pasados por los controles de confianza, ninguno aceptó. No
querían tener a nadie que ellos no hubieran puesto, porque
no confiaban en nadie ajeno para esas tareas. Ahí naufragó
el viejo proyecto de una policía nacional.
La
alternativa fue una policía estatal única, apoyada por la
mayoría de los gobernadores del país –curiosamente la
oposición más férrea viene de algunos panistas-, que García
Luna volvió a presentar este viernes en un foro en Puerto
Vallarta con alcaldes. No hubo sorpresas; el rechazo fue
casi total. Los alcaldes del país no quieren saber nada de
esa propuesta, pues afirman que una estrategia de combate a
la delincuencia debe ser integral y multidisciplinaria. Es
cierto, pero al no hacer nada por querer hacer todo junto,
se ha perdido mucho tiempo.
Mientras la
retórica ganó la batalla, durante este periodo se empalmaron
los delitos del fuero común y los federales. La nueva
generación de delincuentes comienza con el robo
patrimonial, que es el principal delito en el país. Al no
atacarse avanza la carrera criminal. Quien roba en la calle,
empieza a hacerlo en casas. Si no se le frena, va a robar
autos. De ahí brinca a robar valores y a secuestrar. Cuando
alguien llega a esos niveles ya es un delincuente con
patología criminal, cuyo siguiente paso es la delincuencia
organizada.
Este camino
no era mecánico hasta hace pocos años, pero en la actualidad
hay zonas del país donde el tránsito de robo patrimonial a
delincuencia organizada es de dos meses, aunque en ciudades
como Juárez, quien hoy roba a un transeúnte puede
convertirse en sicario en 48 horas. La velocidad con la cual
transitan de la delincuencia del fueron común –que
representa el 92% de los delitos a nivel nacional- a la
delincuencia organizada –cuyo 8% del total de delitos es más
focalizado, pero mas violento y generador de mayores miedos-
está relacionada a la ineficiencia de las policías
municipales para combatir el delito en su parte primaria.
Un caso es
el asesino del coordinador de la División Antidrogas de la
Policía Federal en 2008, Édgar Millán, un delincuente del
fuero común a quien el Cártel de los Beltrán Leyva le pagó
90 mil pesos por matarlo. Otro fueron los delincuentes que
contrató el Cártel de Sinaloa ese mismo año para que
colocaran una bomba debajo del automóvil del jefe operativo
de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal,
que se frustró porque al no conocer de explosivos, la mala
manipulación de ellos provocó que les explotara en las
manos.
La idea de
una policía estatal única tiene como racional concentrar
esfuerzos y recursos en capacitación, entrenamiento,
homologación de bases de datos y hasta sistemas de
comunicación, que hoy están dispersos en una especie de
Torre de Babel donde abundan los problemas para sumar el
trabajo de 165 mil policías municipales en poco más de dos
mil corporaciones de ese tipo en el país.
Los
presidentes municipales, al igual que han dicho los
gobernadores, sostienen que les faltan recursos para
mejorar salarios y equipamiento de sus policías. Es cierto,
y en el nivel municipal es donde comienzan los problemas de
seguridad pública por los problemas estructurales. Tres de
cada cinco policías municipales en el país viven con menos
de cuatro mil pesos al mes, lo que los hace caldo de cultivo
de los cárteles de la droga que, según García Luna, gastan
mil 270 millones de pesos anuales en sobornarlos.
Esto
permitió, por ejemplo, que el Cártel del Golfo pagara mil
500 pesos al operador de la planta de radio de la policía de
Monterrey, sólo para que cuando trasladaran un cargamento de
droga por esa capital, enviara a las patrullas a direcciones
lejanas de esa ruta para evitar enfrentamiento. O que por
300 pesos se pueda contar con la gracia de un policía
municipal en Baja California Sur o Tlaxcala, por tres mil a
uno del estado de México, o por seis mil a otro en el
Distrito Federal.
El que
sirvan policías municipales como mercenarios de cárteles de
la droga, no es un asunto simplemente de corrupción, que sí
existe, sino también de cómo cubrir sus niveles mínimos de
subsistencia cuando sólo 29 entidades del país tienen
salarios por encima de esos rangos, la mayoría cubre apenas
dos terceras partes del mínimo establecido a partir del per
cápita de
cada entidad, y en el resto no alcanzan salvo para el 40% de
lo que necesita un policía para vivir.
Los
alcaldes están en una lógica que no termina de comprenderse.
Van a contracorriente de la mayoría de los gobernadores, que
han visto posibilidades de frenar la espiral de inseguridad
pública a partir de un nuevo modelo. La discusión debe
profundizarse para que expliquen porqué quieren la
atomización policial, y que otros críticos del modelo
propuesto argumenten técnicamente y sin prejuicios. Si no es
la policía estatal única, que se proponga la opción, porque
las discusiones políticas no han frenado la delincuencia. La
realidad es que lo que existe, bueno o malo, no ha
funcionado, y hay que cambiarlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
