Estos días, ser trabajador de
la Comisión Federal de Electricidad implica recibir la
protección de patrullas de la policía estatal y camionetas de
Seguridad Pública Municipal para realizar lo que se ha
convertido en una actividad peligrosa: atender reportes de
apagones en zonas de influencia del Sindicato Mexicano de
Electricistas, donde viven y operan ex trabajadores de Luz y
Fuerza del Centro. Los de la CFE enfrentan además fallas en
transformadores y redes de servicio, no pocas de ellas
intencionales. Todo esto sucede en una veintena de municipios
del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, y varias
colonias del Distrito Federal.
Desde la semana pasada,
cuando uno de los técnicos fue baleado por un grupo de
desconocidos mientras atendía una falla en Atizapán de Zaragoza,
la respuesta a los reportes se ha hecho más lenta que de
costumbre porque los electricistas de CFE han comenzado a
negarse a trabajar, especialmente por las noches, si no cuentan
con protección policial.
Un total de 660
averiguaciones previas han sido iniciadas desde el 11 de octubre
de 2009, cuando se decretó la extinción de LFC. Tienen que ver
con agresiones directas a trabajadores de CFE, actos de sabotaje
contra instalaciones de la empresa y daños al mobiliario público
del servicio.
De esas denuncias, 415
corresponden al Edomex y de manera notable se concentran en
Atizapán de Zaragoza y su colindante Villa Nicolás Romero, donde
casualmente se registra la mayor concentración poblacional de
integrantes del SME, quienes viven ahí. Son focos rojos también
Tenango y Tenancingo.
El siguiente estado en número
de incidentes es Hidalgo, con 151, concentrados en Tulancingo,
Tula y Pachuca, así como el poblado de Cuandó, de donde es
originaria la familia de Martín Esparza, líder no reconocido
oficialmente del SME.
El DF registra 51 actos de
agresión —sobresale el ataque a un trabajador de CFE, cuyo
vehículo fue volcado por manifestantes del sindicato en el Paseo
de la Reforma hace dos semanas—, Puebla con 29 y Morelos con 14.
La autoridad tiene todos
estos datos y sabe que se trata de acciones concertadas, pero no
se atreve a culpar directamente a la dirigencia del sindicato.
Así, el SME opera en la impunidad y los usuarios sin luz pagan
el pato.
Llama la atención que en el
estado donde más agresivamente activos se encuentran los
inconformes por la extinción de Luz y Fuerza, se haya producido
este fin de semana una curiosa escena: uno de los principales
aplaudidores entre los numerosos invitados al Quinto Informe del
gobernador Enrique Peña Nieto fue nada menos que Martín Esparza.
Si bien el líder electricista
no habló con la prensa para explicar su presencia en el informe
de un gobernador al que sus huestes acusan constantemente de
ordenar reprimirlas, el senador priísta, Francisco Labastida,
dio en el mismo acto lo que podría ser una pista: está por
definirse en los próximos meses quién se queda con el control de
los bienes del SME, que ascienden a 23 mil millones de pesos.
SACIAMORBOS. En sus cinco
Informes, Peña ha tenido al secretario de Gobernación. Cada año
ha sido diferente: Abascal, Ramírez Acuña, Mouriño, Gómez Mont y
Blake.
