Con mil
300 días de retraso, el presidente Calderón ha decidido
involucrar a la clase política, la sociedad y los medios de
comunicación en el diseño de una política de Estado para
combatir al crimen organizado.
Lo debió
haber hecho el 11 de diciembre de 2006, cuando anunció el
arranque del programa emblema de su administración, porque no se
le puede ganar a los cárteles —ha quedado claro— sin el apoyo de
la gente y las fuerzas políticas; pero lo empezó a hacer el 2 de
agosto de 2010, 28 mil ejecutados y cuatro años después de haber
tomado posesión, y cuando el agua le llega al cuello: ha
disminuido el apoyo de la ciudadanía al noble propósito de
erradicar a los criminales; los gobernados no sienten como
propia la guerra de la federación contra los narcos; los medios
de comunicación se ven crecientemente amagados por los poderosos
maleantes y los partidos —incluso dentro del instituto al que
pertenece el primer mandatario— buscan desligarse, declaración a
declaración, de la fallida estrategia oficial para disminuir la
delincuencia.
El
problema fue que, de origen, la guerra contra el crimen
organizado no incluyó una consulta amplia a la sociedad como la
que se ha convocado desde la primera semana de este mes en el
Campo Marte, no agrupó medidas sugeridas por expertos ni contó
con el respaldo legislativo de las fuerzas políticas: en 2006,
el presidente Felipe Calderón se enfundó en el uniforme militar
como estrategia política para proyectar una imagen de mando y
ganar legitimidad como gobernante tras la cuestionada elección
que le llevó a Los Pinos y el agrio conflicto posterior que le
dejó con heridas visibles internacionalmente.
En ese
momento, el interés del calderonismo fue que el nuevo Presidente
empezara a conquistar medallas para colgar en el pecho de su
recién estrenada vestimenta. Los galardones los necesitaba
Felipe Calderón y la Guerra contra el Narcotráfico no fue una
política de Estado, sino un programa de gobierno. Al paso de
esos meses, dieron resultado político el verde olivo, la toma de
posesión a empujones y la seriedad en el ejercicio del poder que
contrastaba con la juerga de su antecesor.
Lo que no
dio resultado fue la guerra contra el crimen, que no ha ganado
el gobierno federal con su estrategia, que no escuchó a nadie en
su diseño y descalificó cualquier crítica en el camino de su
aplicación. Ahora, cuando la tasa de ejecuciones sexenal —según
cifras oficiales del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, Cisen— anda en un muerto por hora; cuando se
incrementan las denuncias por violaciones a los derechos
humanos; cuando la sociedad no atestigua en la realidad el
discurso triunfalista del gobierno; cuando la gente sufre el
atroz mando de los criminales en largos segmentos del territorio
nacional; cuando la guerra pasa por unos meses donde luce más
perdida que ganada, entonces, desde Los Pinos se mandan señales
de inclusión, tolerancia, de ganas de hacer Estado.
Mil 300
días de retraso. Ya veremos si no es demasiado tarde.
SACIAMORBOS
Isla
Pánico
